Fundamentación

Cuando las formas del crecimiento urbano o la evolución de la ciudad existente da prioridad a la edificación, cuando los espacios se especializan debido a la segregación social o a la zonificación funcional, cuando la ciudad pierde cualidad de autorepresentación, se produce una reacción social y cultural de retorno al espacio público.

Esta demanda local de valores universales no se trata de una cuestión técnica ni de un debate de urbanistas; es un debate de valores culturales. Si bien es una reacción que a menudo mezcla la mitificación del pasado y una propuesta de síntesis para el futuro, aún así es una reacción oportuna y necesaria para evitar el desastre urbano.

El espacio público ciudadano no es un espacio residual entre calles y edificios. Tampoco es un espacio vacío considerado público simplemente por razones jurídicas. Ni un espacio “especializado”, al que se ha de ir, como quien va a un museo o a un espectáculo. Mejor dicho estos espacios citados son espacios públicos potenciales, pero hace falta algo más para que sean espacios públicos ciudadanos. Necesitan que sean dotados de contenido.

Este grupo de vecinos autoconvocados con la adhesión de otros ciudadanos, habitantes de Mar del Plata y otras ciudades del país, se unen para proteger a la “Canchitas de los Bomberos” delimitada por las calles Florisbelo Acosta, Mármol, López de Gomara y R. Gutiérrez y presentar soluciones de continuidad.

Consideramos al espacio público no solamente como un indicador de calidad urbana sino también como un instrumento privilegiado para hacer ciudad sobre la ciudad, para mantener y renovar los antiguos centros y producir nuevas centralidades, para suturar los tejidos urbanos y para dar un valor ciudadano a las infraestructuras.

La tentación de dejar el desarrollo urbano a la libre competencia y a los valores económicos inmediatos del mercado es muy peligroso, ya que el espacio público es especialmente rentable en términos sociales, culturales y civiles; pero también lo es, en un mediano plazo, en términos políticos, la gobernabilidad, y económicos, generando atracción y creación de nuevas actividades.

En contra de la idea que se quiere instalar para enfrentarnos, discriminándonos y estigmatizándonos, queremos dejar en claro una vez más que el espacio público que se defiende es aquel que tiende fundamentalmente a la mezcla social, el que de su uso permite un derecho ciudadano de primer orden, así el espacio público debe garantizar en términos de igualdad la apropiación por parte de diferentes colectivos sociales y culturales, de género y de edad.

El derecho al espacio público es en última instancia el derecho a ejercer como ciudadano que tienen todos los que viven y que quieren vivir en las ciudades.

Más allá de toda la argumentación técnica, que sustenta la presente iniciativa, cabe plantear finalmente una cuestión de principios, para nosotros fundamental. Los bienes constituyentes del patrimonio del Estado, deben ser utilizados para beneficio de la comunidad. No pueden ser privatizados por el mero hecho de que la dependencia oficial a cargo de su tenencia no les haya encontrado un destino específico para sus funciones. Menos aún pueden servir como simples bienes vendibles para posibilitar el cierre financiero equilibrado del balance de un organismo estatal.

No es posible que determinados funcionarios, desde sus despachos ubicados a cientos de kilómetros de los inmuebles, decidan su liquidación, sin demasiados fundamentos y sin consultar previamente a las administraciones municipales o provinciales, si dichos bienes son de utilidad para las comunidades locales y regionales. Más aún, sin considerar los efectos resultantes del cambio del dominio público al privado de los mismos, así como de las modificaciones en cuanto a los usos del suelo establecidos y ha establecerse.

Modernizar, racionalizar y optimizar el funcionamiento del Estado, no significa proceder a su desguace; significa acercar al pueblo a la administración y al control de gestión y de decisión. Para ello la descentralización y la participación constituyen verdaderas palancas de cambio para una real reforma del Estado.

No queremos ser enredados en falsas dicotomías. No es una cosa u otra. Es la playa, la plaza, las viviendas y el trabajo, pero cada cosa en su lugar.

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